NOTICIA CENSURADA
Que un jefe de una demarcación de costas pueda ser juzgado por allanamiento de morada, en época de derribos no ha tenido más repercusión que en el Diario de Ferrol, que ha suprimido la noticia de internet.
El Juzgado reabre la causa contra el jefe de Costas Rafael Eimil por los derribos de Vilarrube
31/10/2008
Ya había sido imputado en Enero del 2007: La Voz de Galicia
Se enfrentaba a pena de cárcel por haber derribado, sin tener orden judicial, un núcleo de viviendas de la playa de Vilarrube, en Valdoviño: Galicia-Hoxe
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El Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol ha decidido reabrir la causa contra el jefe de la Demarcación de Costas de Galicia, Rafael Eimil Lapenela, por los supuestos delitos de allanamiento de morada en relación con el derribo de una treintena
de viviendas en el litoral de Vilarrube.
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 tuvo en cuenta para la toma de esta decisión el recurso de reforma, subsidiario de apelación, interpuesto por el letrado de los afectados por la demolición de las viviendas, Javier de la Llave. En la resolución del mismo se reconoce la existencia de un error en el auto judicial de archivo de la causa firmado a finales del pasado mes de julio.
El recurso se fundamentaba en que la Ley del Tribunal del Jurado establece un plazo para pedir a las partes personadas si quieren solicitar nuevas diligencias de prueba, y este trámite no se cumplimentó en su momento.
Los afectados a los que representa el letrado canario Javier de la Llave han ejercitado ese derecho, solicitando pruebas gráficas sobre los derribos ejecutados el 30 de noviembre de 2005. Se trata de demostrar que el ambiente registrado en esa jornada en Vilarrube no era pacífico y que el jefe de la Demarcación de Costas tuvo que valerse de la Guardia Civil para demoler las construcciones, puesto que los propietarios no estaban conformes con esa medida.
A partir de la aportación de esas pruebas se prevé que las partes soliciten la apertura de juicio y entonces será la jueza la que decida si se hace o no.
Cuando la instrucción corría a cargo del magistrado Alejandro Morán Llordén -ahora está en manos de la titular del Juzgado de Instrucción número 2- se había incoado el procedimiento para el enjuiciamiento de Rafael Eimil por el tribunal del jurado por 32 supuestos delitos de allanamiento de morada. En el auto dictado al afecto se recogía que el personal contratado para efectuar el derribo penetró en la totalidad de las viviendas sin contar con la correspondiente autorización del Juzgado de lo Contencioso Administrativo. La demolición se llevó a cabo en el marco de un procedimiento administrativo de recuperación de terrenos de Costas.